El sistema eléctrico de Venezuela enfrenta una crisis estructural que el sismo del 24 de junio —más de un centenar de muertos y cortes de suministro en varias regiones— convirtió en emergencia nacional. El país opera con apenas 25.127 MW instalados, frente a los más de 37.000 MW que registró en su pico histórico, una brecha de casi 12.000 MW que los apagones cotidianos ya reflejaban antes del terremoto.
Un déficit diario que supera los 3.500 MW
El 8 de mayo la demanda máxima alcanzó 15.579 MW, mientras el sistema solo logró poner a disposición 11.993 MW, lo que arroja un déficit de 3.586 MW en un solo día. Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), describió la situación: en amplias zonas del país los cortes diarios de electricidad alcanzan entre cinco y seis horas, con impacto directo sobre hogares y el sector agroindustrial.
La generación depende de forma casi exclusiva de la energía hidroeléctrica del Bajo Caroní. La central del Guri aporta aproximadamente 10.000 MW, mientras el parque térmico permanece subutilizado por falta de mantenimiento e inversión.
La electricidad condiciona la recuperación petrolera
La CVC sostiene que sin resolver la emergencia eléctrica ningún plan de infraestructura de gran escala puede ejecutarse. La agremiación estima que recuperar la infraestructura nacional requiere una inversión de 185.173 millones de dólares en 12 años, pero subraya que la secuencia de inversión arranca por la energía.
«No se puede hablar de grandes inversiones de infraestructura pública en este momento», señaló García Carrasquero, precisando que las únicas excepciones son proyectos vinculados a la generación eléctrica.
La CVC aplica una relación directa entre producción petrolera y demanda eléctrica: cada millón de barriles diarios requiere aproximadamente 1.000 MW adicionales, y cada megavatio instalado hasta la subestación cuesta alrededor de un millón de dólares. Venezuela supera hoy 1,2 millones de barriles diarios y proyecta sumar unos 250.000 más hacia finales de 2025.
Reforma legal abre la generación a privados
La Asamblea Nacional aprobó el 2 de junio, en primera discusión, una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que habilita la participación de empresas privadas y mixtas en generación, transmisión, distribución y comercialización mediante concesiones de hasta 25 años. La apertura está impulsada, según la CVC, por la flexibilización de sanciones y las licencias del Tesoro estadounidense más que por iniciativa política interna.
Un caso concreto ya está en marcha: el 13 de junio, IMPSA —firma argentina ahora controlada por el fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund— firmó un acuerdo con Venezuela para retomar la construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma, paralizada por más de una década. Las licencias generales 48A y 49A del Departamento del Tesoro habilitaron la operación con Corpoelec. El plan contempla sumar hasta 2.640 MW entre Tocoma y Macagua en cinco años, con una primera etapa de 672 MW en un plazo de 14 a 19 meses.
Plan térmico y próximos pasos
En paralelo, la CVC presentó en 2023 un Plan de Estabilización de Energía orientado a reacondicionar 22 turbogeneradores en 11 plantas térmicas de la región central —donde se concentra el 75% de la demanda industrial— con una inversión estimada de 564 millones de dólares para incorporar cerca de 1.500 MW en 18 meses. La propuesta fue entregada a las instituciones eléctricas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 sin recibir respuesta formal.
La reforma eléctrica deberá superar una segunda discusión legislativa antes de tener vigencia plena. El Departamento de Energía de Estados Unidos proyecta recuperar 4.000 MW adicionales en una etapa cuyo cronograma y ubicaciones específicas aún no han sido confirmados públicamente. El terremoto del 24 de junio agregó urgencia inmediata a una agenda que hasta entonces se planteaba como prioritaria pero de mediano plazo.
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