Ecuador dio el primer paso concreto hacia la reapertura del catastro minero nacional tras ocho años de parálisis, luego de que el Registro Oficial publicara el 20 de mayo de 2026 un Acuerdo Ministerial que instruye a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) a iniciar la apertura gradual y progresiva del sistema para el registro y otorgamiento de nuevas concesiones de pequeña minería de materiales áridos y pétreos en el corredor que comprende Guayaquil, Daule y Samborondón.
Qué establece el Acuerdo Ministerial
La normativa publicada dispone que la apertura sea gradual y focalizada, comenzando exclusivamente con pequeña minería no metálica de materiales de construcción. Al mismo tiempo, el mismo instrumento legal establece una limitación expresa al otorgamiento de autorizaciones o concesiones en el bosque protector Cerro Azul, ubicado al noreste de Guayaquil. El Ministerio de Ambiente y Energía precisó que la medida apunta a prevenir riesgos y reducir la vulnerabilidad ambiental de esa zona ecológica, aunque grupos ambientalistas advirtieron que la norma podría abrir la puerta a mayor actividad extractiva en el área protegida.
Ocho años de promesas incumplidas
El catastro minero —la base de datos tecnológica donde el Estado administra y registra las concesiones otorgadas— fue cerrado para nuevas adjudicaciones en enero de 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, bajo presión de movimientos indígenas y ambientalistas. Desde entonces, cuatro administraciones sucesivas anunciaron su reapertura sin concretarla:
- El gobierno de Moreno prometió la apertura para finales de 2020, pero la inestabilidad política y la falta de un software seguro lo impidieron.
- En agosto de 2021, Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 151 y anunció la apertura para enero de 2022, compromiso que tampoco se cumplió por retrasos técnicos.
- Tras el paro nacional de junio de 2022, el mismo gobierno asumió una moratoria minera al término de las mesas de diálogo.
- En diciembre de 2024, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 435 ordenando la depuración del catastro con plazo al 23 de abril de 2025, paso que el sector interpretó como requisito previo a la apertura.
Una fase de apertura para pequeña minería no metálica anunciada para el 16 de junio de 2025 tampoco arrancó en la práctica. El viceministro de Minas, Guillermo Flores, explicó el 7 de mayo de 2026 que el proceso se frenó porque se recibieron solicitudes de derechos mineros que correspondían en realidad a minería metálica, fuera del alcance autorizado.
Presión del FMI y señales del sector privado
La emisión de regulación para la apertura del catastro formaba parte de las metas que el gobierno de Noboa debía cumplir antes de junio de 2026 en el marco del acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La industria minera considera que la reapertura es indispensable para atraer inversión extranjera de gran escala.
David Larenas, presidente del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló que la demora refleja la falta de un mecanismo adecuado de transparencia y gobernanza, y advirtió que, mientras se mantenga vigente la tasa de control minero, la apertura no generará el interés esperado, ya que los inversores internacionales prefieren jurisdicciones más estables como Perú, Argentina o Chile.
Próximos pasos
Con la publicación del Acuerdo Ministerial, corresponde ahora a la Arcom emitir el acto administrativo específico que concrete la apertura en el corredor Guayaquil-Daule-Samborondón. Las fases para mediana y gran minería metálica —las de mayor interés para las multinacionales— permanecen postergadas sin fecha definida, luego de que el exviceministro Javier Subía confirmara a finales de 2025 su traslado al primer trimestre de 2026, plazo que tampoco se respetó.
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